La crisis por la balsa de riego de Jarandilla de la Vera ha estallado 16 meses después de su rotura y sin soluciones a la vista. Mientras los agricultores denuncian que la inacción administrativa les ha obligado a recortar al 50% sus plantaciones de tabaco y pimiento, la Junta pide cumplir con los trámites legales obligatorios para avanzar en el nuevo proyecto hidráulico.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura ha emitido un comunicado oficial en el que apela directamente al «rigor y a la precisión» de las organizaciones profesionales. Desde el Ejecutivo autonómico se ha insistido en que «el debate político no interfiera en la búsqueda de soluciones» aclarando que cualquier intervención provisional o definitiva requiere un visto bueno ambiental estricto y la validación técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
Asimismo, la Junta recuerda que el paso legal previo indispensable es que la propia Comunidad de Regantes formalice la solicitud de modificación de su concesión de agua.
Pérdida de cosechas
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Jaranda-Jarandilleja, José Luis Roble Vallero, en declaraciones a la cadena COPE ha denunciado la alarmante «inacción» y «abandono» por parte de la nueva dirección de la Consejería de Agricultura tras el reciente relevo institucional.
La imposibilidad de almacenar agua en plena campaña estival ha forzado a los agricultores a reducir a la mitad los cultivos de tabaco y pimiento para pimentón. La falta de agua afecta también a las higueras y los olivos.
La Comunidad de Regantes ha decidido judicializar el conflicto mediante un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Extremadura, fijando un plazo crítico que expira el próximo 3 de septiembre.
Ante esta situación, la Consejería ha promovido una nueva reunión con la Comunidad de Regantes para el próximo 31 de julio, con el objetivo de analizar conjuntamente las posibles soluciones y ofrecer una respuesta fundamentada a sus demandas.
¿En qué punto exacto se encuentra el conflicto?
La balsa original, que se rompió en marzo de 2025, no se puede reparar bajo ninguna circunstancia y es obligatorio construir una infraestructura completamente nueva en otro lugar.
El conflicto no está en si se repara o no la vieja balsa, sino en los plazos burocráticos y las autorizaciones legales necesarias para ejecutar la nueva obra definitiva y habilitar desvíos de agua provisionales.
El proceso está encallado en un bucle administrativo entre tres partes: la Junta de Extremadura, la Comunidad de Regantes y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)
La CHT estipula que el agua estaba asignada legalmente a la balsa vieja. Al cambiar la ubicación del almacenamiento, la ley exige tramitar una modificación formal de la concesión de riego. La Junta alega que este trámite debe registrarlo obligatoriamente la Comunidad de Regantes. Sin esa solicitud firmada, la Junta no puede poner un solo euro ni iniciar las obras.
La Junta de Extremadura ya ha seleccionado de forma preliminar tres ubicaciones alternativas seguras en los alrededores de Jarandilla para levantar la nueva balsa. No obstante, edificar una balsa desde cero implica estudios de impacto ambiental y licencias que tardarán años en completarse.
Dado que la balsa definitiva tardará bastante tiempo, los agricultores exigen canalizaciones de emergencia e infraestructuras provisionales (como pequeñas estaciones de bombeo directas desde las gargantas naturales) para salvar las cosechas actuales. La Junta responde que incluso estas tuberías temporales requieren el visto bueno ambiental previo y la autorización de la CHT para evitar multas o delitos ecológicos.