La Junta de Extremadura afronta la recta final para aprobar el decreto que permitirá a ayuntamientos y mancomunidades crear grupos de voluntariado en incendios forestales, con la previsión de que la norma vea la luz en mayo si supera en plazo su paso por el Consejo de Gobierno.
El director general de Gestión Forestal, José Antonio Bayón, ha explicado que estos equipos no sustituirán al operativo profesional, sino que estarán diseñados para actuar únicamente en fases muy iniciales del fuego y desempeñar funciones auxiliares de apoyo al Plan Infoex.
En la práctica, los voluntarios podrán encargarse de tareas como repartir avituallamiento, facilitar accesos a fincas o caminos, señalar puntos de agua y colaborar en labores de vigilancia y apoyo logístico. El borrador también contempla trabajos de selvicultura preventiva, campañas de sensibilización y vigilancia de incendios ya estabilizados o extinguidos para evitar reactivaciones.
Una respuesta ordenada a la ayuda vecinal
Más allá del trámite administrativo, el decreto pretende dar cobertura legal a una realidad habitual en el medio rural extremeño: la implicación espontánea de vecinos cuando se declara un incendio cerca de sus municipios.
Según ha subrayado Bayón, estos grupos “no están pensados para cubrir ninguna necesidad de la Junta”, sino para canalizar esa colaboración ciudadana de forma segura. La falta de formación y coordinación en intervenciones improvisadas ha generado situaciones de riesgo tanto para los propios vecinos como para los equipos de extinción, lo que hace necesario establecer protocolos claros y funciones limitadas bajo mando técnico.
Creación, requisitos y funcionamiento
El texto establece que los grupos estarán integrados en la estructura del Plan Infoex y actuarán siempre bajo la dirección del responsable de extinción. Deberán utilizar equipos de protección individual, mantener comunicación con la central provincial y garantizar el contacto permanente entre la jefatura del grupo y la dirección de las labores.
La creación de estos equipos corresponderá a ayuntamientos y mancomunidades, que deberán solicitar su constitución y proponer a las personas candidatas. Cada grupo podrá contar con un máximo de 15 integrantes y una jefatura responsable.
Además, el decreto fija requisitos concretos: los aspirantes deberán ser mayores de 18 años y menores de 60, residir en el municipio, contar con acreditación oficial y presentar un certificado médico anual. También será imprescindible que el ayuntamiento disponga de un plan periurbano de prevención de incendios.
