El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado en Luxemburgo ratificó, el lunes 28 de junio, el acuerdo provisional de la Presidencia Portuguesa de la UE con el Parlamento Europeo sobre la reforma de la política agrícola común (PAC) para 2023-2027. Finaliza un proceso muy complejo cuya negociación se inició hace tres años. Las organizaciones agrarias muestran disparidad de opiniones, desde la satisfacción de la UPA al desencanto de la COAG que considera que la reforma ni es justa ni social.

Con el nuevo acuerdo, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, España ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual, primero, como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Ahora, los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura, una de las aspiraciones que ha venido defendiendo España. El Plan Estratégico deberá estar elaborado antes de que finalice el año para su remisión a la Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva. El ministerio convocará en los próximos días una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la aplicación de la PAC en España.

Según el Gobierno, es una PAC que va en línea con las nuevas demandas del siglo XXI, no solo es más social y medioambiental, sino también más igualitaria -España ha sido el país que ha conseguido incluir el enfoque de género en la política agraria- y con decididas medidas para apostar por el necesario relevo generacional para asegurar también el futuro del mundo rural.

Sostenibilidad económica y ambiental

El acuerdo final sobre la PAC garantiza un equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental para una transición de modelo justa, y como ha defendido España, permitirá dedicar un 60 % de los importes de los pagos directos a ayuda básica a la renta. Entre otros logros destacados para los intereses de España, se aumenta el porcentaje de los pagos directos que puede destinarse a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades, y se permite impulsar nuevas intervenciones sectoriales como las previstas para apoyar el olivar tradicional. Los Estados podrán disponer de hasta el 13 % de los pagos directos para ayudas vinculadas a la producción en sectores con más necesidades, tres puntos más que la propuesta inicial de la Comisión. A este porcentaje se podrá añadir un 2 % adicional destinado a cultivos proteicos.

Una de las principales novedades de la reforma de la PAC es la introducción de los ecoesquemas, herramientas clave para la transformación medioambiental. El acuerdo final contempla que el 25 % de las ayudas directas se destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y medioambientales. Se trata de prácticas voluntarias que remunerarán los compromisos medioambientales de las explotaciones.

Jóvenes y relevo generacional

La nueva PAC dará un mayor protagonismo a los jóvenes y al necesario relevo generacional, de forma que al menos un importe equivalente al 3 % de las ayudas directas tendrán que ser destinadas a este capítulo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven.

El Plan Estratégico incluirá también medidas de apoyo a los jóvenes adaptadas a sectores y territorios específicos, destinadas a superar las barreras que dificultan su incorporación a las actividades agrícolas y ganaderas.

Igualdad de género

Por primera vez, la igualdad de género se incluye específicamente como uno de los objetivos de la PAC, a petición de España. Esto permitirá que en el Plan Estratégico puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural.

Equidad y convergencia

Otro de los principales objetivos de la reforma de la PAC es conseguir una mayor equidad en las ayudas, a través de instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y de la degresividad. Para la limitación y modulación de los importes de los grandes perceptores se tendrá en consideración el papel de las explotaciones que más empleo generan. El pago redistributivo, al que España destinará un 20 % de las ayudas básicas a la renta, supondrá un apoyo adicional para las explotaciones medianas y pequeñas. Es un compromiso del Gobierno a favor de la agricultura profesional y familiar.

El proceso de convergencia interna para equiparar las diferencias entre las ayudas en una misma región deberá alcanzar un mínimo del 85% en 2026.

Programas sectoriales

En la nueva PAC se mantienen los programas sectoriales ya existentes como los del sector del vino, apicultura -con un importante incremento de la dotación presupuestaria- y frutas y hortalizas; así como los planes escolares para el fomento del consumo de fruta y leche.

Se podrán realizar programas de apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3 % de los pagos directos, a través de organizaciones de productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6 % del valor de la producción comercializada. El MAPA propondrá un plan para el sector del olivar, de acuerdo con las propuestas contenidas en la Hoja de Ruta del sector acordada el año pasado.

Desarrollo rural

La reforma de la PAC asegura la continuidad de las actuaciones de desarrollo rural financiados con los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) y que podrán planificarse con carácter estratégico, algo clave para el desarrollo y éxito de estas intervenciones concebidas para modernizar y transformar el medio rural, generando riqueza y empleo.

Además, la PAC reconoce por primera vez la dimensión social de la actividad agraria en el empleo. El mecanismo introducido para este control no supondrá ninguna carga administrativa adicional para los agricultores y ganaderos ni para las administraciones.

Organización común de los mercados agrarios (OCMA)

El acuerdo sobre la PAC incluye una declaración política conjunta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre uno de los asuntos que más preocupan a los agricultores y ganaderos, como las importaciones de productos procedentes de países terceros y las condiciones en las que se producen para que no supongan una competencia en desigualdad de condiciones con los productores europeos:

“Tenemos que tener muy claro que si vamos a producir en condiciones más exigentes y que van a suponer para nuestros agricultores y ganaderos cargas suplementarias, nuestras propuestas tienen que tener también una dimensión externa, particularmente en temas de residuos de productos fitosanitarios”, ha explicado Planas.

En materia de Organización Común de Mercados Agrarios, España ha conseguido sacar adelante la reivindicación de que la aceituna de mesa pueda beneficiarse de ayudas para el almacenamiento privado. Asimismo, se permite que el sector de frutas y hortalizas pueda ser objeto de medidas excepcionales en el caso de crisis graves ocasionadas por enfermedades y plagas vegetales.

Otro aspecto interesante es la extensión de los observatorios de mercado a todos los sectores agrícolas, porque los informes que éstos emiten son un instrumento que permite mejorar la rapidez de actuación en casos de crisis.

Un elemento también destacado por el ministro español es la simplificación administrativa que introduce la nueva PAC y que permitirá que el agricultor pueda destinar más tiempo a la gestión de su explotación, ahorrándolo en trámites administrativos.

La opinión de las organizaciones agrarias

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que agrupa en España a los productores de carácter familiar y de pequeña y mediana dimensión, que suponen más del 85% del total de productores, se ha mostrado “esperanzada” con el principio de acuerdo. Una valoración positiva, aunque con reservas, pues reconocen que hasta que no se cierre definitivamente por parte de los ministros de Agricultura “no terminarán de estar tranquilos”. Un acuerdo final que debería producirse la próxima semana, antes del fin del semestre.

El principio de acuerdo conocido hoy marca como obligatoria una ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores. También establece un apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años. Sobre los llamados eco-esquemas, UPA cree que, tal y como están planteados, deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión.

Para Asaja el aspecto más positivo es la continuidad del modelo de regiones y derecho. Consagra una PAC “más verde”, que remunera peor al agricultor, que deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, que establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y que se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la reforma de la PAC no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.

El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Esto agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.

“Esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa”, ha apuntado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.